Transcripción íntegra

Santiago, 9 de noviembre de 2026

A fojas 2.017: A sus antecedentes Oficio Nº161/2026 del Primer Tribunal Ambiental y conforme a su mérito, téngase por cumplido lo solicitado a fojas 1.926.

Resolviendo derechamente a fojas 1.842: VISTOS: 1.- Que, mediante Oficio Nº153/2026 del Primer Tribunal Ambiental, se remite para el conocimiento de este Segundo Tribunal Ambiental, en calidad de subrogante legal, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final, numeral 1, del artículo 10 de la Ley Nº20.600, la medida prejudicial cautelar solicitada a fojas 1, en sus autos Rol N°R-198-2026, caratulados “Comunidad Agrícola Diaguita los Huasco Altinos/Comisión de Evaluación de la Región de Atacama”, debido a encontrase inhabilitados todos los miembros titulares de dicho tribunal, en virtud de la causal de recusación prevista en el artículo 196 N°10 del Código Orgánico de Tribunales, en base a los certificados de fojas 2, 3 y 4. 2.- Que, al efecto, cabe precisar que con fecha 15 de septiembre de 2026, el abogado Felipe Guerra Schleef, en representación de la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos (‘CADHA’), solicitó ante el Primer Tribunal Ambiental, una medida prejudicial cautelar conservativa, conforme al artículo 24 de la Ley N°20.600, consistente en la suspensión los efectos de la Resolución Exenta N°20260300117, de 30 de enero de 2026 (‘RCA’) de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama que calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental (‘DIA’) del proyecto “Prospección Minera El Alto” y, en subsidio, pidió decretar la paralización de toda obra o faena vinculada con el Proyecto. La solicitud indica que la acción que se deducirá posteriormente es la reclamación del artículo 17 No 8 de la Ley No 20.600. 3.- Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley N°20.600, con el fin de resguardar un interés jurídicamente tutelado y teniendo en cuenta la verosimilitud de la pretensión invocada, este tribunal se encuentra facultado para decretar las medidas cautelares, ya sean conservativas o innovativas, que sean necesarias para evitar los efectos negativos de los actos o conductas sometidos a su conocimiento, precisando su inciso segundo, que estas medidas pueden decretarse en cualquier estado del proceso o antes de su inicio y, a su vez, el inciso séptimo, reconoce expresamente la posibilidad de conceder la medida prejudicialmente. En el caso que la cautela sea requerida a petición de parte, ésta

debe acompañar antecedentes que constituyan, a lo menos, presunción grave del derecho que se reclama o de los hechos que denuncia. 4.- Que, en la especie, para justificar la medida cautelar de suspensión de los efectos de la RCA de 30 de enero de 2026 del proyecto “Prospección Minera El Alto”, el solicitante invocó -en síntesis- los siguientes argumentos: a) Durante la evaluación ambiental no se respetó su derecho de participación, como comunidad del pueblo diaguita. Ello por no efectuarse la consulta indígena previa que exigen el Convenio N°169 de la OIT y el artículo 85 del RSEIA. Tampoco se efectuaron con ella las reuniones del artículo 86 del mismo Reglamento, pese a que el SEA sí se reunió con otras comunidades mencionadas en la DIA. Ello, aun cuando el proyecto se emplaza en el área de acceso controlado de la faena, donde se ubican sitios de recolección de hierbas medicinales y de significación cultural para la Comunidad, entre ellos Cueva del Indio, Quebrada El Molle y la confluencia de los ríos Estrecho y El Toro. Agrega que el propio SEA reconoció la susceptibilidad de afectación directa de la Comunidad al incluirla, el 18 de junio de 2024, en el proceso de consulta indígena del EIA “Modificación Fase de Cierre Pascua Lama”, proyecto que se emplaza en el mismo territorio. Sin embargo, la DIA de Prospección Minera El Alto no caracterizó a la Comunidad y el SEA no se reunió con ella. b) Ineficacia de la clausura de Pascua Lama. Señala que el proyecto minero Pascua Lama, de titularidad de Compañía Minera Nevada SpA, fue clausurado total y definitivamente por la Superintendencia del Medio Ambiente en enero de 2018, sanción que quedó firme cuando la Excma. Corte Suprema desestimó los recursos de casación que se sustanciaron bajo el Rol N° 127.275-2020. Indica que los 40 vértices del área de prospección y las 43 plataformas autorizadas para el proyecto “Prospección Minera El Alto”, se encuentran íntegramente comprendidas dentro del polígono del Plan de Cierre de Pascua Lama, superficie dentro de la cual la Excma. Corte Suprema, por sentencia pronunciada el 4 de febrero de 2022, en los autos Rol Nº58.288-2021, ante el inicio de nuevas actividades de sondaje de exploración minera ejecutadas por la misma minera y dentro del mismo polígono, señaló expresamente que dicho plan de cierre tenía como único fin y objetivo, conseguir el término de toda actividad del proyecto sancionado y que las únicas faenas u obras permitidas son aquellas que conduzcan al fin pretendido, cual es la citada clausura. c) Agrega que la DIA del proyecto “Prospección Minera El Alto”, utiliza información de los sondajes que la Excma. Corte Suprema declaró ilegales, en el Rol N°58.288-2021, toda vez que el Anexo 2-7 de la DIA de este proyecto, correspondiente al informe de caracterización de recursos hídricos, consigna que “durante el final del año 2020 y comienzos del año 2021, se ejecutó otra campaña de perforación de sondajes geotécnicos en el área de prospección”, e individualiza en su Tabla 5-2 los diecisiete sondajes perforados, con su denominación, coordenadas UTM, cota de terreno y profundidad. A partir de lo anterior, sostiene que los resultados de las perforaciones que la Excma. Corte

Suprema calificó de ilegales y arbitrarias pasaron a integrar el sustento técnico sobre el cual la autoridad calificó favorablemente el proyecto cuya RCA hoy se reclama. d) Indica que las perforaciones se ubican en las proximidades de glaciares ya afectados por la actividad del titular. Añade que, si las perforaciones se ejecutan antes de la sentencia, la infracción quedaría consumada sin posibilidad de reversión. 5.- Que, al analizar la procedencia de la cautelar solicitada, cabe tener presente que en materia ambiental rige el principio precautorio, recogido a partir de la formulación del principio 15 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo de 1992, en cuanto señala que: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. 6.- Que, por consiguiente, al adoptar una medida cautelar no se requiere tener certeza científica sobre el daño ambiental que la acción pretende precaver, pues ello no es propio de esta etapa primigenia del proceso, sino que basta que exista una sospecha mínimamente comprobable, para que el tribunal pueda adoptar las medidas necesarias para evitar que el eventual daño ambiental se concrete, en razón de su carácter irreversible, lo que nuestra legislación recoge, precisamente al regular las medidas cautelares y en particular las de carácter innovativas, respecto de las cuales se exige comprobar, con el estándar propio de la tutela cautelar, la inminencia de un perjuicio irreparable. 7.- Que, en la especie, con la documentación acompañada por el solicitante, se demostró que el daño que se pretende evitar son las consecuencias que la ejecución del proyecto puede tener para el medio ambiente y para el territorio en que se emplaza, el que se utiliza para la recolección de hierbas medicinales y la práctica de actividades de significación cultural de la comunidad indígena. 8.- Que, en este sentido, la solicitante dio cuenta de un conjunto de antecedentes que constituyen una presunción grave del derecho que se reclama, desde dos perspectivas. Primero, al constatarse que la comunidad no fue parte del proceso de participación durante la evaluación ambiental que concluyó con la RCA que aprobó el proyecto de prospección Minera El Alto, no obstante que sí fue convocada a participar en el proceso de evaluación ambiental del Cierre de Faena del Proyecto Pascua Lama, en cuyo polígono se ejecuta el proyecto Prospección Minera El Alto, lo que al menos genera un indicio de afectación a sus derechos que justifica la cautelar. Segundo, el conjunto de documentos presentados, al menos permiten presumir en esta etapa inicial, que el proyecto en cuestión se lleva a cabo en el mismo territorio en el que se emplazó el proyecto minero Pascua Lama, de titularidad de la misma Compañía Minera Nevada SpA, que fue clausurado total y definitivamente por decisiones administrativas y judiciales que se encuentran firmes y en el que, en principio, no sería posible realizar nuevas actividades de sondaje de exploración minera, conforme lo habría reiterado la Excma. Corte Suprema en el fallo citado en la solicitud.

9.- Que, en efecto, de un examen preliminar a partir de los antecedentes disponibles y sin que ello importe adelantar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado en la futura reclamación, los antecedentes acompañados configuran la presunción grave que exige la ley, por las siguientes razones: i) Afectación del derecho de participación de la Comunidad. El propio SEA reconoció la susceptibilidad de afectación directa de la Comunidad por las actividades que se desarrollan en el área de acceso controlado de esa faena. Lo hizo al incluirla en el proceso de consulta indígena del EIA “Modificación Fase de Cierre Pascua Lama” (Res. Ex. N° 20240300169, de 18 de junio de 2024, y Res. Ex. N° 202603101153, de 21 de agosto de 2026). Sin embargo, según consta en los antecedentes, la Comunidad no fue caracterizada en la DIA del proyecto ni convocada a las reuniones del artículo 86 del RSEIA, pese a haberse sostenido estas con otras comunidades del mismo territorio. ii) Emplazamiento del proyecto. Del cotejo de las coordenadas consignadas en el Capítulo 4 de la RCA y en el resolutivo 1 letra a) de la Res. Ex. N° 1750/2015 de SERNAGEOMIN, ambas en el mismo datum y huso, se desprende que el área de prospección y sus 43 plataformas se ubicarían dentro del polígono asignado por el Plan de Cierre a la faena Pascua Lama. Esa faena se encuentra afecta a una sanción de clausura definitiva firme. Respecto de ella, la Excma. Corte Suprema declaró que solo se permiten las obras que conduzcan a su cierre (Rol N° 58.288-2021, considerando 8°). 10.- Que, en conclusión, estos antecedentes otorgan verosimilitud a la acción que se pretende resguardar con la cautelar, por cuanto el solicitante explica que solicitó la invalidación de la RCA del proyecto Prospección Minera El Alto, con fecha 11 de marzo de 2026, por los vicios antes denunciados y se encontraba a la espera de la certificación del silencio administrativo para los efectos de ejercer la reclamación prevista el artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600, acción que, en todo caso, ya fue presentada el 13 de octubre de 2026. 11.- Que, también concurre el peligro en la demora, pues consta de los antecedentes que el titular ha anunciado el inicio de las obras para la temporada en curso y que el proyecto de sondaje se ejecutará en un plazo breve de dos temporadas estivales, por lo que es razonable prever que se encuentre íntegramente ejecutado antes de que pueda dictarse sentencia en la reclamación anunciada. En este escenario, los efectos que se busca evitar serían irreversibles, por dos razones: Uno. La consulta y participación de la Comunidad, cuyo carácter es esencialmente previo, perderían todo sentido una vez ejecutadas las perforaciones. Dos. Si bien en la DIA se consigna que las plataformas de perforación no se ubican sobre los glaciares existentes en el polígono, las perforaciones se ubican en las proximidades de glaciares, glaciaretes y otras crioformas presentes en el área, lo que no permite descartar su afectación, menos aún si se considera que la RCA describe que las obras se ejecutarán en 43 plataformas ya existentes, de 900 m2 cada una (3,87 ha), donde se perforarán pozos de sondaje tipo diamantina, con una profundidad total estimada de entre 300 y 700 m, por lo que efectivamente existe una probabilidad inminente de producirse el daño que se pretende evitar, lo que haría ilusoria la sentencia en caso de que la infracción quedase consumada sin posibilidad de reversión.